Política errática

La Unión Europea, con el voto favorable de España, ha decidido liberalizar totalmente el transporte ferroviario a partir de 2020. Esto significará que cualquier empresa, cumpliendo ciertos requisitos técnicos, podrá operar trenes de pasajeros o de carga en las redes del continente. El objetivo evidente de esta medida es, siguiendo el ejemplo de la liberalización del transporte aéreo, bajar los precios y aumentar la competencia, acabando con los monopolios ineficientes. La mayor parte de los países europeos llevan recorrido un buen trayecto, excepto España y, en menor medida, Francia. En Portugal, Italia, Escandinavia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania o Polonia hay decenas de operadores privados que están demostrando ser capaces de operar trenes con eficiencia superior a los monopolios públicos.

En la mayor parte de los países, como es lógico, se ha optado por separar al operador de las vías del operador de los trenes, porque no sería de recibo que haya que competir con quien controla las infraestructuras. Esta separación ha sido conflictiva en muchos casos, pero  no parece que haya muchas alternativas a ella.

España, que tiene una confusión absoluta en este sentido, separó Renfe y Adif, con el propósito de la que primera se encargue de los trenes y la segunda de las vías. Ahora llega un nuevo ministro que desconoce completamente el terreno y dice que ha dado orden de estudiar la fusión de estas dos compañías, a ver si así somos más competitivos. Otro estudio, otros años de trabajo, y mientras todo estancado.

Sin un plan que desborde a los ministros, sin una línea fija, sin un horizonte, sin profesionalización, el futuro del ferrocarril en España se presenta igual que el de la aviación: caer totalmente en manos extranjeras, que sí se han profesionalizado, que llevan años de ventaja en ofrecer competitividad. El 2020 está aquí al lado y nosotros aún no sabemos qué vamos a hacer.