Durante décadas, los viajeros comprábamos un paquete vacacional en una agencia de viajes, con lo que todos los servicios que componen la oferta, desde el avión al hotel y algunos otros, quedaban cubiertos por un seguro que reducía el riesgo de que las dificultades económicas de cualquiera de los proveedores, nos dejaran en tierra.
Desde hace ya más de una década, aquellos paquetes se han fragmentado: ahora los viajeros compramos el hotel por un lado, el avión por otro y otros servicios por otro. Esto, siendo muy cómodo para el viajero, tiene el nada desdeñable riesgo de que puede convertir las vacaciones en un infierno: uno de los operadores de los diferentes servicios puede tener una crisis, creando en los viajeros problemas de consecuencias muy desagradables. No hay que ir muy lejos para recordar las escenas de miles de personas tiradas por aeropuertos de media América, como consecuencia de la suspensión de actividades de Air Madrid; el ejemplo de Spanair, igualmente desastroso, está aún más cercano en el tiempo. Y no es sólo eso: una suspensión de actividades como esta, genera también grandes pérdidas porque muchos viajeros tienen un hotel pagado del que no podrán hacer uso, debido a la crisis imprevista.
Pues bien, nadie tiene muy claro si el Gobierno español está haciendo algo para prevenir nuevos episodios de este tipo o, si como me parece consustancial en nuestras autoridades, estamos esperando otra crisis de este tipo para prometer que no se volverá a repetir y para anunciar medidas urgentes que se quedarán en la papelera apenas los medios de comunicación dejen de prestar atención al asunto.
Sin embargo, este lunes entra en vigor una nueva legislación que, en este sentido, ha introducido Gran Bretaña. Según esta nueva normativa, las agencias de viajes, aerolíneas y compañías hoteleras, cada vez que vendan uno de sus servicios, deberán adjuntar una certificación oficial por la que garantizan que el viajero está protegido en relación a la parte de viaje que afecta a esa operación. Esta certificación será integral en las agencias de viajes, incluso aunque no se compre un paquete turístico sino diferentes productos (ofreciendo una nueva esperanza de supervivencia para las agencias), mientras que en proveedores aislados, el viajero siempre deberá poder acceder a un seguro para cubrir esos riesgos.
Da la impresión de que la introducción de la nueva normativa no será simple, porque sobre la marcha han ido apareciendo algunas complicaciones, pero los expertos confían en que en unos días estarán resueltos todos los problemas, entre ellos los propios certificados. La cuestión es que, a partir de este invierno, los viajeros de aquel país no estarán angustiados por el riesgo de crisis económica de cualquiera de los diversos proveedores de las diferentes partes que componen su viaje.
En España, en cambio, habremos de esperar varias crisis más hasta que nos acordemos de que, además de protestar, hay que resolver los problemas adoptando decisiones, diseñando procedimientos. Previniendo más que prometiendo.
En España los usuarios de las aerolíneas en realidad están mucho mas protegidos. El erario publico se hace cargo de las meteduras de pata y/o sinvergonoceria del empresario aeronáutico. Como ya se ha demostrado con ocasión de los ejemplos que el propio articulo nombra.
Y es que cuando una persona contrata algo debería tener una mínima seguridad de que la otra parte va a cumplir. Ahora si quiere asumir el riesgo de quedarse colgado a cambio de un precio mas bajo o lo que sea, que cargue con las consecuencias.
Pero somos así de solidarios, incluso con los que se jactan de no pagar impuestos aquí para cubrir esa solidaridad que después exigen cuando les toca a ellos.