Huyamos de la negatividad

España está saliendo de la crisis, despacio es verdad, pero saliendo al fin y al cabo.  Queda mucho por hacer, mucho por conseguir una situación en que nuestra economía de una respuesta adecuada a problemas tan grandes como el del desempleo mediante la creación de nuevos puestos de trabajo y el afloramiento de otros “sumergidos” (por cierto, sería bueno perseguir y penalizar seriamente o los que ofrecen trabajo “B”).

Ese tiempo precioso que vamos a necesitar, puede acortarse con una mayor dosis de positividad, con una mentalidad más constructiva por nuestra parte. Parece mentira, pero es cierto que en la economía influyen, y mucho, los sentimientos, los estado de ánimo. Así el positivismo engendra crecimiento y la negatividad, lo contrario.

Desde Asia, donde resido, sigo con preocupación el pesimismo y la acritud que impera en España. Ese estado de ánimo daña nuestra economía, frena la inversión. Una de sus causas es, a buen seguro, la corrupción con la que parece nos desayunamos casi a diario. La verdad es que no creo que eso debiera soliviantarnos tanto. España es un Estado de Derecho, lo cual no significa ni que tengamos derecho al bienestar, ni que las autonomías sean buenos o malas. Significa que la ley se cumple y, sino es así, los tribunales de justicia se encargan de que se cumpla y se condene a los incumplidores. Así pues, los que hayan incurrido en corrupción deben ser procesados y, en su caso condenados a diversas penas proporcionales a sus delitos. Y punto.

Que se aplique la Ley debe alegrarnos y no enojarnos. Lo que debería preocuparnos es que los tribunales de justicia no aplicaran la Ley porque entonces no estaríamos en un Estado de Derecho. Sin enojarme y dado que las elecciones se acercan y pronto estaremos en época de pedir  a los diversos candidatos, propongo que todos los partidos lleven en su programa algo que sería de gran ayuda para la administración de justicia; que el poder judicial sea independiente del poder ejecutivo y del legislativo, que nunca más partidos políticos nombren a jueces y tribunales y que todos los políticos, sin excepción sean como el resto de ciudadanos y pierdan sus fueros jurisdiccionales.