Aena inicia una etapa con incógnitas

En estos días, finalmente, Aeropuertos Nacionales dejará de ser un organismo del Estado, para ser una empresa de derecho privado con participación y gestión pública, pero con la presencia de un 49 por ciento de accionariado privado. El propio proceso de transformación ha sido complicado y con muchos puntos oscuros (especialmente todo lo referido al núcleo duro). En cualquier caso, se abre una nueva etapa que, más allá de las huelgas convocadas por los empleados, supondrá indiscutibles mejoras y, al mismo tiempo, riesgos, algunos de los cuales son alarmantes.

La gran mejora que vivirá Aena desde ahora es que los políticos no pueden meter su nariz en las decisiones de la empresa, al menos con la misma irresponsabilidad que antes: el 49 por ciento de los propietarios no están para hacer política, sino para obtener rendimientos de su inversión. Por lo tanto, probablemente ahora sí se acabe la barbaridad de construir pistas y terminales para satisfacer el ego de los alcaldes y presidentes de autonomías, para poder concurrir a las elecciones presentando a los ciudadanos el sueño de que con esa nueva pista su ciudad sería el Caribe. Este es un logro de gran trascendencia para el país, ya que sus políticos no tienen sentido de la responsabilidad, como demuestran tantas y tantas inversiones alocadas.

Una segunda ventaja indiscutible es que se mantiene la red como una unidad. Esto es ventajoso como país, porque permite que los beneficios de una parte sirvan para prestar el servicio público probablemente deficitario de otras zonas. La locura autonomista que vivimos hoy nos hace perder la perspectiva, pero la unidad de red es muy provechosa también porque permite negociar globalmente, llevar a cabo una expansión exterior, etcétera. Casi todo ventajas.

Desde el punto de vista de la capacidad negociadora con el sector aéreo, mantener Aena como una unidad es igualmente valioso, porque fortalece a la empresa, permitiendo obtener grandes economías.

En el otro lado de la balanza, hay riesgos muy poderosos que, aunque no siempre se verán de inmediato, están ahí.

En primer lugar, es más que obvio que ahora nos encontramos con que unos particulares que tienen una participación en una empresa en régimen de monopolio. ¿Quién puede limitar la subida de tarifas para que Aena mejore sus resultados económicos? El poder político, que a su vez es accionista de la empresa, sometido a la presión de esos accionistas privados que querrán siempre el mayor rendimiento. Esto es un riesgo porque la economía del país necesita de aeropuertos con precios razonables. Ya hemos sufrido las tasas absurdas de la Aena totalmente pública, como para que ahora este cáncer se extienda a la Aena privada. En Gran Bretaña, la privatización de su Aena (British Airports Authority) fue llevada a la Comisión de la Competencia, que determinó que la situación era insostenible y era necesaria la venta de aeropuertos para permitir que funcione el mercado. En Londres, hoy, sólo uno de los aeropuertos sigue en manos del antiguo monopolio, mientras que los otros se han ido vendiendo a otras empresas que compiten con ellos. ¿Este es nuestro futuro? Lo que está claro es que este modelo, tal como se ha planteado, es un monopolio intolerable.

En segundo lugar, otro gran problema es que la actual empresa será gestionada por el accionista mayoritario, o sea el Estado. La gestión no es un fuerte del sector público español, si más no, porque se mueve con la lógica de las elecciones, interesados en ganar comicios, no dinero. ¿Cuánto tiempo esos accionistas minoritarios van a aceptar que esos gestores atiendan al accionista mayoritario, con sus intereses electorales, y no a su pecunio? ¿Qué clase de relación puede crearse entre un accionista que puede blandir el BOE como arma de presión, y unos accionistas que sólo tienen su inversión como argumento? En esta dinámica, por ejemplo, entran las relaciones laborales de la empresa. No será la misma la postura de unos empleados que saben que hablan con el Estado, porque en el fondo, Aena sigue siendo el Estado, que si lo estuvieran haciendo con empresarios privados.

En tercer lugar, la nueva Aena no asume compromiso alguno en cuanto a su modelo futuro. El Gobierno, que ha actuado de forma desordenada y chapucera en este asunto, no ha explicado si esta es la solución final o si esto es un paso hacia algo más. Sería realmente esperpéntico que hayan pensado que esta Aena, un monopolio de estructura confusa, pueda pervivir.

Estos dos grandes riesgos de Aena demuestran que la operación no es la solución al futuro del operador aeronáutico español. Es quizás una primera fase de un plan no explicado, pero que en todo caso queda en manos de futuros gobiernos que, como es tradición arraigada en este país, ya han anunciado que desandarán el camino de inmediato. No estaría yo muy seguro de que el núcleo duro, finalmente excluido de Aena, haya salido perdiendo.