La sociedad pública Turismo Gaditano SA (que opera con el nombre comercial Tugasa), gestiona nueve hoteles en la provincia de Cádiz, de los que dos son de su propiedad y los otros siete pertenecen a otros tantos ayuntamientos, que han cedido su gestión a esta empresa. La sociedad reconoce ahora que su situación económica es altamente delicada, al punto de que probablemente entre en disolución a partir del primero de diciembre. Faltaría más, los políticos han anunciado que nadie se alarme, que están resolviendo el problema que, obviamente, habían creado previamente. ¿Quién, si no, condujo estos nueve hoteles a la ruina?
Irene García, la presidenta de la Diputación Provincial, ha anunciado a los alcaldes de los municipios afectados y a los trabajadores, que por supuesto, garantiza la viabilidad de esta cadena, porque está previsto crear una nueva empresa pública que englobe a los nueve hoteles, y que empezaría de nuevo. La presidenta de la Diputación tranquilizó a los trabajadores, asegurándoles que “de ninguna manera” esto supondría la entrada de capital privado. Para que vean el grado de compromiso, García dijo que la Diputación tiene un plan de gestión que sería individual para cada hotel, apostando por la calidad y por la especialización de cada uno de los mismos, ya sea en virtud de su contenido temático o del público al que se dirijan. Obviamente, es totalmente lógico entender que todo esto hasta ahora no existía. Entren en TripAdvisor y comprueben la valoración de los hoteles, para entender el problema.
No se pierdan qué bonito: los mismos que llevan la cadena a la ruina, aseguran que ahora sí tienen un plan infalible, tras poner millones de euros que los ciudadanos pagan en impuestos. Entre otros, ese dinero procede de hoteles gaditanos que trabajan con el máximo cuidado y rigor para poder mantener las pérdidas de sus competidores del sector público. Pero, eso sí, los trabajadores públicos están ahora tranquilos, no vendrá un empresario a pasarles cuentas.
Confieso que no conozco detalles de cómo esta cadena hotelera llegó a la quiebra económica en la que se encuentra. Ni tampoco tengo detalles de cómo es que Paradores Nacionales lleva años y años perdiendo dinero a manos llenas. Pero sí sé con todo el lujo de detalles que se quiera cómo es tradicionalmente la gestión de las empresas públicas en este país.
El punto de partida es que el gestor no se elige por sus méritos profesionales sino políticos. No siempre es la ex mujer del vicepresidente del Gobierno que debe dedicar más tiempo a los asuntos judiciales que a la gestión, pero inevitablemente es elegido por razones políticas y no empresariales. No siempre, como en el caso de la consejera de Turismo de Valencia, desconoce absolutamente el sector al que se incorpora, pero infaliblemente es un paracaidista, que tiene que empezar de cero, que quiere marcar su impronta y que ignora cuidadosamente todo lo que se había hecho antes.
Segundo, los horizontes del gestor son en el mejor de los casos a cuatro años, porque lo que trata es de hacerse un nombre para su carrera política, no de consolidar esa empresa para el futuro. Lo primero es lo primero, claro.
Tercero, nadie valorará al gestor por la eficacia en los resultados económicos y empresariales (incluso, si quieren, por el número de turistas que capten los hoteles) sino por los votos que aporte a quien tiene la responsabilidad política. Votos, esa es la moneda en la que se pagan los favores en política. La dirección de Tugasa, la de Paradores y toda otra empresa pública valora eso, porque eso es lo que permite la continuidad del político. Un directivo de una empresa municipal que se había dejado la piel racionalizando el trabajo y la operativa, me contaba que lo único que le importaba al alcalde es que su empresa le ayudara a organizar fiestas vecinales, porque evidentemente eso sí eran votos y la reducción de las pérdidas, con ser extremadamente difícil de conseguir, no suponían beneficio alguno.
Cuarto, los trabajadores más avispados conocen pronto los puntos débiles del gestor, por lo que también empieza a trapichear con los favores políticos: ¿un poco más de vacaciones a cambio de movilizar mi barrio? ¿Un aumento salarial a cambio de no ver tal o cual desastre?
Quinto, la empresa pública de derecho privado contrata sin concursos, por lo que aquí caben aquellos que han favorecido la causa política y que necesitan un premio que no se puede dar por los cauces normales, por otras vías más escrutadas por la oposición o por la prensa.
La lista sigue y sigue, hasta que pasados unos años nos encontramos con empresas (en este caso hoteles) en los que no queda ni rastro de atención al cliente, de cuidado en el producto, de estrategia de marca, de calidad. No me extraña que Irene García prometa calidad, porque probablemente esté dejando caer que la cadena se hundió también por su pérdida de servicio. Baste ver las opiniones en TripAdvisor sobre los hoteles para entender el problema.
Pero tranquilos muchachos, que no vendrá nadie de la empresa privada a exigir dedicación al hotel. Ahora se volverá a poner dinero público y seguiremos igual. En unos pocos años más, volveremos a las andadas.
Si la noticia es cierta simplemente no puedo dar crédito a semejante actitud por parte de la administración. Lo único que se me ocurre a esta situación totalmente kafkiana es que tanto las asociaciones empresariales como ciudadanas denuncien ante los juzgados semejante situación por mala administración de los recursos públicos.
No acabo de entender como los ciudadanos permiten que estas situaciones se lleven a cabo y menos cuando son costeadas con el dinero que aporta el ciudadano y las empresas que no solo tienen que competir con el mercado sino también con empresas que dirigen políticos descerebrados.
¡De juzgado de guardia!
¡Al tribunal de Competencia ya!
¡Ya está bien de tanta sopa boba a quien no sabe hacer la O con un canuto (o no quiere)!
¡Y de robar al resto de ciudadanos trabajadores esforzados con más impuestos para el despilfarro público, impuestos que podrían quedar en sus bolsillos!
¡Basta de sumar más déficit, que es deuda que tendrán que pagar nuestros hijos, por una gestión pública incompetente e irresponsable!
¡A la cárcel por prevaricación, o por despilfarro del dinero público debe ir la Presidenta de la Diputación de Cádiz!
Sres. ESO ES LA GESTION PUBLICA, ni más ni menos.Y lo que sobran son ejemplos por toda España...
Tanto con las mareas blancas, verdes, azules... a quien beneficia que todo sea de gestión publica? A los ciudadanos que somos los que lo financiamos con nuestros impuestos desde luego que no!
perdonad pero el nuevio gobierno empezo en julio,normal que los nuevos responsables pongan un poco de nombre,esta informcion es una manipulacion TOTAL