“Existe una colisión entre el modelo turístico y la vivienda en Canarias”. Así lo advierte en declaraciones recogidas por El Día la propia consejera de Turismo y Empleo del Gobierno autonómico del archipiélago, Jéssica de León, quien reconoce que “los 35 inspectores en activo son claramente insuficientes” para controlar un negocio que ha crecido de forma descontrolada en la última década (Canarias: el desmadre del alquiler vacacional, en cifras).
Según reveló un informe realizado por su departamento, en el conjunto de la isla existen 195.994 plazas en unas 54.000 viviendas de uso turístico (más las ilegales, que escaparían del censo), cada vez más cerca de las hoteleras, que son 251.308.
Para poner coto a la explosión incontrolada de este modelo de negocio, el cual está provocando una animadversión hacia el turismo nunca antes vista por la masificación de los centros de las ciudades y la expulsión de los residentes a la periferia, el Ejecutivo autonómico trabaja con celeridad para tener lista la nueva legislación.
Grosso modo, limitará el alquiler vacacional en las zonas más tensionadas, exigirá más requisitos a los propietarios de pisos turísticos (como el permiso expreso de los vecinos), dará prioridad al uso residencial de las viviendas y pondrá como condición que las viviendas tengan al menos 39 metros cuadrados, entre otras medidas.
Paralelamente, bloqueará la concesión de nuevas licencias hasta que se autorice en la planificación urbanística de cada municipio. El planteamiento será el siguiente: el 90% de la edificabilidad prevista por la ordenación urbanística será para uso exclusivo para uso residencial, quedando solo el 10% restante para nuevas plazas de uso turístico (20% en el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro).
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Hay muchos factores a tener en cuenta. Me detendré en la incalculable cantidad de viviendas vacacionales ILEGALES existentes en la actualidad, que no se esconden y que ocasionan enormes perjuicios al conjunto de la sociedad:
1- los huéspedes no han sido registrados ante la guardia civil o policía Nacional. No creo necesario explicar la inseguridad que ello representa.
2- no ingresan 7% IGIC a la Hacienda Canaria ni luego como aumento rendimiento patrimonial en IRPF
3- ofrecen alojamiento de dudosa calidad con lo que la imagen turística de Canarias se ve cada vez más deteriorada.
4- la ilegalidad le permite competir con los precios de mercado (de entrada se "ahorran" los impuestos)
5- la escasez de los alquileres para larga temporada ocasionada por las viviendas vacacionales ILEGALES se convierte cada vez mas en un problema social que por extensión afecta a propietarios de los que cumplen con la ley.
6- urge por un lado, el aumento de inspectores y la liberación de sueño apto para viviendas sociales y privadas.
Eso es importante tomar en cuenta
Y las ilegales? Porque seguro que hay otras tantas.