La presión del sector surte efecto. Según puede adelantar en primicia Preferente, el MICE y el Corporativo no tendrán que comunicar los datos al registro de reservas (Real Decreto 933/2021), que será de obligado cumplimiento a partir del 1 de octubre de 2024, después de la última ampliación del periodo de adaptación(Alivio para las agencias: aplazada la aplicación del registro de reservas).
En declaraciones a este periódico, la gerente de CEAV, Mercedes Tejero, destaca “la importante reducción de datos a comunicar por parte de las agencias de viajes, así como que se ha incluido el siguiente párrafo en el borrador de orden ministerial: la actividad exclusiva relativa al turismo MICE, empresarial o corporativo queda excluida, sin perjuicio de la aportación documental que deba realizarse sobre las operaciones llevadas a cabo en caso de inspección por parte de las autoridades competentes”(El registro de reservas amenaza el futuro de las agencias).
“Habiendo consultado el significado de este párrafo al Ministerio del Interior, entendemos que, si bien este tipo de turismo está incluido en el ámbito de aplicación del real decreto, no tendrán que comunicar los datos salvo que, debido a una inspección, se les solicite que aporten la información correspondiente, aunque pediremos una aclaración oficial”, explica Tejero.
Según expone, el cambio incluido por Interior “es un avance importante que CEAV solicitaba desde hace tiempo, ya que el real decreto siempre habla de los operadores turísticos que presten servicios de intermediación entre las empresas dedicadas a la hospedería y los consumidores, y no empresas”.
No obstante, avanza que, desde la confederación, que se está mostrando especialmente activa, “estamos preparando nuestras observaciones al borrador de la orden, ya que disponemos de un mes para ello, y seguimos estudiando las posibilidades de impugnación de la misma, cuando se publique oficialmente”.
La pretensión de CEAV es lograr la exclusión total de las agencias del registro de reservas. Y es que dicha medida supondría la estocada definitiva para multitud de empresas, las cuales trabajan con unos ya de por sí exiguos márgenes y no están capacitadas para hacer frente al coste económico que conllevaría esta carga extra de trabajo. “Sería muy difícil de asumir por parte de muchas pymes y autónomos”, advierte la confederación.
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