Fomento no puede garantizar el servicio aéreo en España

Durante semanas, por tercer año consecutivo, aunque esta vez con más intensidad, la compañía aérea Vueling ha montado un caos de considerables dimensiones al vender un servicio de transporte aéreo que, llegado el momento, no es capaz de ofrecer con un mínimo de corrección. Los escándalos se suceden, los retrasos son impresionantes, las cancelaciones abundantes y los pasajeros, como ya ocurriera en una larga lista de precedentes, se tienen que conformar con rellenar unas hojas de reclamaciones con las que se deben de llenar las papeleras del organismo encargado de la gestión de la aviación civil española.

La Agencia Española de Seguridad Aérea, un organismo dependiente del ministerio de Fomento, compareció el lunes pasado, cuando la situación ya era insoportable, para decir que iba a abrir un expediente a Vueling. ¿Qué tiene que ver la seguridad aérea con el mal servicio? ¿O es que, además de no prestar los servicios que vende, Vueling también tiene problemas de seguridad? Esta agencia gubernamental, extremadamente incompetente en su funcionamiento interno, se ha metido a exigir a Vueling que cumpla sus servicios, mientras al mismo tiempo tarda meses en aprobarle la puesta en servicio de nuevos aviones. Como en España el nulo funcionamiento de la Administración pública tiene lugar en estéreo, la Generalitat de Cataluña también se descuelga citando a Vueling a una reunión y poniéndole objetivos. Observen qué curioso: no sólo nadie interviene de verdad en defensa del consumidor, sino que hay dos administraciones que aparecen al mismo tiempo intentando demostrar que son eficientes y no resuelven nada.

Pero este jueves comparece la ministra de Fomento, Ana Pastor, para decir que convoca a todas las aerolíneas para este lunes, para exigirles que no hagan desastres este verano. Observen cómo va este país. Aquí no hay ley, aquí no hay funcionarios, aquí no hay procedimientos, aquí, como en el Congo, la ministra personalmente llama a las compañías, tengan o no problemas con sus servicios, y les lee la cartilla. ¿Por qué tiene que acudir allí quien no ha tenido problemas? ¿Por qué disolver la responsabilidad de Vueling y del grupo al que pertenece en un mensaje a los demás? ¿Qué clase de procedimiento es ese que obliga a una aerolínea a escuchar que una ministra les riña?

En cambio, mientras la ministra hace el ridículo de esta forma (porque las compañías que operan en medio mundo saben que esto es simplemente un ridículo, para demostrar que se hace, precisamente cuando no se hace nada), los problemas continúan.

¿Qué es lo que deberían hacer nuestras autoridades?

En primer lugar, dado que Vueling no está en condiciones de ofrecer el servicio aéreo que había prometido, todos los viajeros que tengan vuelos contratados con la compañía, deberían ser capaces de cancelar los mismos sin tener que pagar costes adicionales o, en su caso, perder el importe del billete. Eso es el 'abc' de lo que debería ocurrir pero que, como ven, ni se plantea. Detrás de Vueling hay uno de los tres grandes grupos de transportes de Europa, que no sólo debería pedir perdón sino sufrir el impacto económico consecuente.

En segundo lugar, las administraciones públicas deberían haber aprendido de experiencias anteriores, como es el caso de Spanair y Air Madrid, para compensar adecuadamente a esos pasajeros que han quedado tirados en muchos aeropuertos, gracias a un fondo que lo permitiera. Pero ese fondo, cuya necesidad quedó acreditada en el pasado, no existe, ni se ha creado. Estamos simplemente a la espera de otra quiebra que deje tirados a miles y miles de pasajeros por todo el mundo. Entonces convocaremos nuevas reuniones, pero sin arreglar nada.

Tercero, ofrecer servicios de mediación rápidos y eficaces. Los servicios del ministerio de Fomento, que existen, atienden a los clientes de las aerolíneas, recopilan todo el material, lo envían y cuando la compañía afirma que no va a hacer frente a las consecuencias económicas de sus problemas, el ministerio informa al usuario que la compañía se niega, con lo que la única salida es ir a los tribunales, en una acción cara, complicada, y de resultados inciertos.

Observen que una compañía puede volar durante toda su vida con retrasos de una o dos horas en todos sus vuelos sin que nadie actúe. Eso para el Gobierno no es un problema, porque no sale en los periódicos. Aquí sólo se mueve alguien cuando las noticias salen en las portadas o en los telediarios, porque el caos ha rebosado todo lo admisible.

El ciudadano, pues, se encuentra absolutamente a merced de las compañías aéreas, incapaz de exigirles nada, pese a que todos los departamentos de los gobiernos nacionales y regionales se disputan su competencia en el asunto. Pero nadie hace nada.

Este caos de Vueling demuestra por supuesto una mala gestión que esta compañía, pero nos vuelve a dejar en evidencia que el ministerio de Fomento sigue sin estar preparado para atender las demandas de los usuarios de la aviación, pese a que sí cobra gustoso las cuantiosas tasas e impuestos que gravan esta actividad. Mal vamos a competir en el mundo con estructuras así.