La exalcaldesa de Palma y la supuesta extorsión de Simón Pedro Barceló

Aina Calvo, la exalcaldesa socialista de Palma de Mallorca, hizo esta semana unas declaraciones explosivas a la prensa local: Simón Pedro Barceló, el presidente del grupo hotelero Barceló, la habría llamado “una noche”, según publica Ultima Hora, y “me exigió 30 millones de euros para finalizar las obras [del Palacio de Congresos de Palma], algo que yo viví como una extorsión y, por supuesto, no cedimos”. La alcaldesa recrea una narrativa fantástica en la que ella se presenta a sí misma como la política que fue capaz de oponerse al chantaje empresarial en beneficio de los ciudadanos de Palma. Pero ¡qué valiente! Las declaraciones se han convertido en objeto de comentario porque han pasado ni más ni menos que seis años desde esta 'extorsión', sin que la alcaldesa nos alertara de tan perversa amenaza y, la verdad, la mayor parte de los ciudadanos no conserva ni el más remoto recuerdo de lo ocurrido.

¿Qué es lo que ocurre realmente con el Palacio de Congresos y hotel adjunto que se planteó en Palma y, sobre todo, con la rescisión del contrato? Una empresa conjunta Gobierno balear y Ayuntamiento de Palma convocó un concurso para la construcción y gestión posterior de un hotel y Palacio de Congresos. Ese concurso, que como es de imaginar tenía una larga lista de exigencias para la empresa adjudicataria, comprometía a las instituciones públicas a entregar unos determinados solares al concesionario, proporcionar los permisos de obra pertinentes, cumplir con un calendario de pagos, etcétera. Barceló y un grupo de otras empresas ganó el concurso y en 2008 se iniciaron las obras que deberían haber durado dos años y medio.

Muy poco después de la adjudicación del concurso empezaron los problemas: el ayuntamiento no aportó los solares comprometidos porque, al parecer, no todos eran de su propiedad; debido a ello, hizo modificar el proyecto para encajar el mismo volumen edificable en menos espacio, con las consecuencias estructurales para el edificio y su operabilidad (por ejemplo, había una planta menos de aparcamiento). Igualmente, las licencias de obras no se aprobaron tal como estaba previsto en la adjudicación del concurso, por motivos ajenos al concesionario y, por diversas razones, los pagos de las contribuciones públicas se retrasaron. O sea, retrasos, modificaciones, alteraciones de proyecto que no son imputables a la empresa. Privadamente, algunas personas de la concesión explicaban por entonces que era exasperante ver la incapacidad para que la Administración cumpliera con lo comprometido, incluso fuera de plazo. Las cosas llegan a un punto tal que el 1 de junio de 2009, Barceló manifiesta su decisión de renunciar a la concesión, aduciendo que las modificaciones y retrasos le suponían 30 millones de euros adicionales en los costes. Esto consta en comunicados públicos, ampliamente difundidos en los medios locales y que entonces nadie calificó de 'extorsión' sino de perjuicio para el concesionario.

¿Por qué esos incrementos de costes? Obviamente, cada una de las modificaciones de proyecto supone dinero adicional; pero además hay pérdidas financieras por los retrasos en las licencias, retraso consecuente en la fecha de apertura, etcétera. ¿A quién son atribuibles estos retrasos? Con el contrato en la mano, los solares y las licencias eran obligación de la Administración, por lo que es evidente que el concesionario tiene motivos como mínimo para que su situación sea estudiada.

Tras semanas negociando, con la alcaldesa Aina Calvo totalmente implicada en el asunto, la empresa pública titular del Palacio de Congresos, formada por el Ayuntamiento y el Gobierno, del PSOE ambos, decide aceptar la retirada del empresario, y le devuelve la fianza aportada con la adjudicación. Parece que el poder público acepta que el empresario tenía razón o, si no piensa eso, teme que un proceso judicial acabe con un veredicto contrario a sus intereses. Así, en unos meses, la empresa pública decide encargarse de las obras.

Hoy, seis años después, quien devolviera la fianza al empresario adjudicatario de las obras, quien renunciara a ir a los juzgados, hace un juego malabar con las palabras, para decir que “viví como una extorsión” que me pidieran 30 millones de euros adicionales. La alcaldesa sabe que “vivir” como una extorsión es describir un estado de ánimo, una emoción personal, por lo que no es acusar de que eso sea extorsión. Pero, igualmente, sabe que esa afirmación es leída como que el empresario la amenazó. Y, añade, “por supuesto no cedimos”. ¿Ceder no era devolver la fianza al empresario, renunciando a ir a los tribunales? ¿Cómo es que, si cree que había sido extorsionada, no fue a los juzgados y acababa así con este abuso? Al menos, ¿por qué nunca hizo unas declaraciones así en estos últimos seis años?

Detrás de todo este asunto está la sombra de duda que genera que en 2009, ya iniciada la crisis económica que ha sacudido el país, el proyecto empezara a parecer menos atractivo. Si la empresa pública hubiera cumplido todos sus compromisos rigurosamente, probablemente Barceló habría lamentado haber ganado el concurso. ¿Qué rendimiento se habría podido obtener de estas instalaciones entre 2011 y 2015, cuando España estaba en el medio de una recesión profundísima?

Todo esto puede rondar las cabezas de la gente, pero es una hipótesis, un futurible. En 2009, cuando la empresa abandona las obras, renunciando a la concesión, los datos eran otros: incumplimientos indudables por parte del poder político, reconocimiento de ello por parte de Gobierno y ayuntamiento, devolución de la fianza y asunción de las obras por parte de las instituciones (por cierto, para acabarlas en 2015, con cuatro años de retraso).

Me perdonarán, pero yo estoy viviendo esta historia como si a la alcaldesa se le hubiera nublado la memoria (ido la olla) cuando hizo estas declaraciones. Yo creo que la verdadera valentía, el verdadero coraje de esta alcaldesa, de haber tenido razón, era llevar el asunto a los juzgados y denunciarlo públicamente al recibir la llamada. Claro, que si sólo alguien 'vivió ese momento como si fuera una extorsión', esto no se aguanta ni ante un juez de paz de un pueblo sin habitantes.