Los escándalos de TAP acorralan al Gobierno de Portugal

El Gobierno de Antonio Costa acaba de ganar las elecciones y disfruta de un buen nivel de popularidad, salvo por el caso de la aerolínea TAP. Pocas veces una empresa ha generado tanto escándalo. Y apunta a que esto no acabará aquí (Cese fulminante de los dos máximos responsables de TAP Portugal).

La historia viene de atrás: TAP fue pública hasta 2014, cuando se produjo una privatización caótica, que acabó cuando, con el Covid, el Estado tuvo que volver a hacerse con la compañía. Y ahí empieza el actual cúmulo de escándalos. Casi cada día hay un titular en la prensa acusando a la compañía de que hace algo mal: paga demasiado, compra mal, vende peor, etcétera. No necesariamente todo es cierto, pero sí es verdad que todo afecta al dinero público.

Una mañana, el diario Correo da Manha nos anunciaba que Alexandra Reis, un alto cargo de la aerolínea, había cobrado medio millón de euros al abandonar para ocuparse de la dirección del Tesoro en el ministerio de Hacienda.

Como ocurre siempre, todo eran justificaciones, hasta que aquello acaba con la dimisión de la directora del Tesoro y del ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Sanz, de quien dependía TAP. No está mal, para empezar. El asunto, sin embargo, seguía coleando porque la pregunta que rondaba la mente de todos es si esa indemnización era procedente o no. Si no lo era, se trata del regalo de medio millón de euros a un alto cargo del Gobierno. Desde luego, sería normal que alguien despedido cobrara, pero no que lo haga alguien que se marcha a un nuevo empleo. Y ahora, la Inspección General de Finanzas (IGF), algo así como la Intervención General del Estado en España, determinó que el pago no procedía. Que era ilegal.

La consecuencia es que se cesa al presidente del consejo de administración de TAP y a la consejera delegada, Manuel Beja y Christine Ourmière-Widener, sin indemnización alguna.

Y ahí empieza otro lío porque estos dos cargos ahora piden la indemnización, lo cual abrirá otro lío jurídico.

Y sigue abierto el lío político porque el ministro de Finanzas, Fernando Medina, sobrevive diciendo que había contratado a Reis sin saber que iba a ser indemnizada.

Costa ha comparecido ante los medios en una decisión valiente y dijo que el plan de privatización sigue adelante. Obviamente, nunca antes se había visto un gobierno tan necesitado de vender una compañía que no hace más que destruir su bien ganado prestigio ante los ciudadanos.