Por qué nos cuesta entender a Fomento en el caso Globalia

Apenas unos pocos medios de comunicación, casi siempre digitales, publicaron la noticia de que el grupo turístico Globalia –Air Europa, Viajes Halcón, Viajes Ecuador, etcétera– se avino a pagarle al Gobierno 13,5 millones de euros, en concepto de devolución de dinero del que se habría apropiado de forma incorrecta, lo que ha llevado al cierre del expediente ministerial. Curiosamente, la prensa nacional, con alguna excepción, no se hizo eco, pese a que la noticia procede de una fuente tan solvente como es la agencia Efe. En los digitales, la versión publicada es que esa devolución era suficiente “para cerrar la investigación que la cartera dirigida por Ana Pastor tenía abierta desde marzo de 2013”.

La noticia, además, provocó una reacción virulenta por parte de quien había presentado la denuncia original, el presidente de la patronal de agencias de viajes (Ceav), Rafael Gallego, quien considera por un lado que esta devolución significa reconocer que hubo una apropiación de dinero de forma irregular y, por otro, añade que esta devolución sólo supone reparar una parte mínima del importe supuestamente defraudado, que superaría ampliamente esta cifra, según Gallego (“no han devuelto ni el 10 por ciento de lo que han robado”, dijo en ese digital).

En todo caso, es justo señalar que el procedimiento penal abierto contra los responsables del grupo Globalia continua su curso normalmente, lo cual sin embargo arroja dudas sobre la postura del ministerio, por que nada de lo que ha ocurrido en este asunto es normal. Los ojos de cualquier observador imparcial se deben de quedar como platos al ver la cantidad insólita de anomalías. A saber.

En primer lugar, no se entiende el tiempo tan prolongado que el ministerio ha invertido en investigar este asunto. Es completamente anormal que se fueran filtrando datos y datos, sin que se hiciera pública una información contrastada de qué estaba ocurriendo.

En segundo lugar, no resulta para nada normal que surja la noticia de que la empresa ha devuelto dinero correspondiente a este caso, sin que se aporte una información amplia y detallada de lo que ha sucedido en la trastienda. Aquí nadie se ha sentado ante los medios a dar la cara, y todo se ha limitado a comunicados.

En tercer lugar, la versión que uno infiere del ministerio es que esto ha sido como quien va a comprar el pan y se lleva unos céntimos del cambio por error y al día siguiente los devuelve, pidiendo perdón por haberse equivocado. ¿Una empresa puede apropiarse de 13 millones de euros sin más? ¿En todo esto sólo hubo un descuido, y nada de una operación diseñada con el fin de apropiarse del dinero público? Algunas de las informaciones publicadas en los medios de comunicación hablan de “discrepancias”, como si se tratara de la aplicación de criterios diferentes en la interpretación del supuesto fraude. ¿Sólo discrepancias?

En cuarto lugar, como no consta que el ministerio haya concluido este asunto con una sanción, se debe inferior que no ha habido sino un error. Al menos eso es lo que se deduce de la versión de la empresa. ¿La tesis del Gobierno es también que ha habido simplemente un error? ¿Una empresa se equivoca inocentemente y se queda al menos con 13 millones de euros? ¿Nunca nadie en el grupo Globalia se dio cuenta de que allí algo era anormal?

En quinto lugar, ¿es cierto como dice Ceav, que Globalia abonó al ministerio los 13 millones de euros, conclusión del expediente, el mismo día en que se llegó a la resolución del mismo? ¿Cómo es posible que no haya habido un estudio, por parte de la empresa, de lo que decía el expediente? ¿Cómo se explica lo que indica la empresa, de que el acuerdo se selló tras meses de trabajo conjunto? ¿Un expediente conjunto entre el expedientador y el expedientado? Todos los ciudadanos hemos visto cómo son las relaciones entre la Administración y el ciudadano, y jamás habíamos hablado de situaciones en las que el expedientado participa en la gestión de un asunto que le afecta.

En sexto lugar, sorprende la falta de transparencia y claridad en todo esto, especialmente cuando se habla de temas en los que se habla de dinero público y de un empresario que ha tenido notables vínculos con la Administración y que tampoco es conocido por su 'refinamiento' en sus relaciones exteriores. La ministra debería leer los comentarios que el público hace a este tipo de noticias, para percibir claramente que la sociedad tiene la sensación de que todo esto es turbio. ¿Los españoles, propietarios de esos 13 millones de euros, que son dinero público, no merecen una explicación detallada y meticulosa de todo lo que esá ocurriendo en este asunto? A más se prolonga el misterio y la oscuridad, más dudas se generan sobre la clase política en su relación con el sector privado.

El grupo privado, que está en su derecho de proteger sus intereses, habla de discrepancias, palabra e interpretación a la que el ministerio, con su silencio, parece dar verosimilitud. ¿Por qué, entonces, la fiscalía presentó una querella contra los gestores de esta empresa? El ministerio debe indicarnos por qué estamos malgastando el dinero público haciendo que la policía investigue un caso menor –si es como dice el ministerio – o si, en cambio, es el ministerio el que considera que ha habido un error sin más. Las informaciones publicadas en los medios, resultados de ese mar de turbulentas acusaciones, apuntan a la comisión de un delito.

Como ciudadano, uno se pregunta si es que los contables de Air Europa cometieron este fallo de quedarse con esos 13 millones de euros por una 'discrepancia' o si es verdad la versión del presidente de Ceav, que habla de un problema más serio, de más calado y alcance. Si Gallego miente, ¿cómo es que nadie lo ha demandado?

El asunto tiene mucha trascendencia porque, en definitiva, aquí se trata de si estamos ante una discrepancia, ante un error inocente, o si por el contrario estamos ante un hecho con trascendencia penal, que supone la apropiación de dinero con el conocimiento pleno de que no era de su propiedad. Los ciudadanos de a pie se indignan porque todos conocemos cómo son nuestras relaciones con Hacienda, en las que la sanción, la intervención de las cuentas corrientes son automáticas, mientras que en este caso la versión es de “oh, perdón, se me deslizó este dinero de más”. El ministerio, aparentemente, se inclina por la versión de la discrepancia, una vez que indica que el asunto ha quedado concluido, mientras que la decisión de iniciar un procedimiento penal por parte de la Fiscalía apunta en otro sentido, si bien, lógicamente, sólo se basa en indicios y no en conclusiones que deben emerger tras el proceso judicial.

Lamentablemente, tras mucho tiempo viendo asuntos de esta naturaleza, la sociedad española sospecha y la postura del ministerio, que parece que ya no tiene más que decir, ha dejado de responder a muchas dudas. Si el ministerio quiere defender de verdad su versión, debería aparecer en público y dar todos los datos que nos permitan compartir que efectivamente fue un descuido, un error, una mala interpretación no maliciosa. La oscuridad genera más dudas de las que resuelve.