Falta menos de un mes para que expire el plazo para que las empresas puedan solicitar las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y las dudas sobre la eficacia y el buen uso de este mecanismo siguen sin disiparse. (El gran fiasco del Gobierno con los rescates públicos)
Su creación, en julio de 2020, tenía como objetivo "reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional". Pero lo cierto es que, hasta la fecha, sólo se han liberado el 23% (2.302 millones) de los 10.000 millones de euros de los que consta el fondo. Además, aún restan peticiones de rescates por valor de 3.000 millones de euros. (SEPI: casi dos años de atasco con rescates a cuentagotas)
Entre las 22 operaciones autorizadas, dentro del sector turístico se encuentran la de Air Europa (475 millones), Ávoris (320), Hotusa (241), Air Nostrum (111), Wamos (85), Plus Ultra (53), Juliá (38), Serhs (34), Soho Boutique Hoteles (30), Abades (29,3), Hesperia (55), Abba (30) y Mediterránea (28).
Sin embargo, otras siguen a la espera, como Volotea (185), Armas (125), Room Mate (52), Vincci (45), Playa Senator y Selenta (50), Bluebay, Meeting Point, Blue Sea Hoteles entre otros.
Fuera del sector, han sido atendidas Técnicas Reunidas (340) Duro Felguera (120), Tubos Reunidos (113), Global Exchange (45), Eurodivisas S.A (45), Grupo Losán (35), Ferroatlántica (34,5), Airtificial (34 millones), Reinosa (27) y Rugui Steel (25). En este apartado, el rescate pendiente más cuantioso es el de Celsa (550 millones).
De este modo, el Ejecutivo dispone todavía de más de 7.000 millones de euros en el bolsillo, aunque visto el ritmo en estos dos últimos años, todo apunta a que la cifra no se reducirá ostensiblemente. De no utilizarse, se quedarían en el aire, volviendo a las arcas comunitarias.
Quizá la tranquilidad de la SEPI a la hora de aprobar el aluvión de solicitudes se deba a que cuente con una prórroga de este fondo más allá del 30 de junio. El Gobierno solicitó el mes pasado a Bruselas una extensión hasta el 31 de octubre para poder desatascar la situación, pero la fecha de fin se acerca y aún todo es una incógnita.
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