Sin seguridad jurídica, pese a las promesas políticas

Desde 1990 hasta principios de este siglo, Baleares fue la región española líder en turismo. Era la que tenía más ingresos, más renta y mayor bienestar. Pero esto es pasado. Esos ingresos no fueron canalizados adecuadamente hacia una renovación de la oferta, hacia un proceso de mejora del producto y hoy, aunque no ha ocurrido una catástrofe, las cosas han empeorado.

Una de las razones aducidas por los gobiernos conservadores es que no ha habido seguridad jurídica para favorecer las inversiones privadas. Tienen razón quienes defienden este punto de vista: ¿cómo se puede llevar a cabo una inversión importante en un entorno de cambios normativos constantes? Y, peor, en un ambiente de dudas sobre si el turismo ha de ser o no una apuesta de futuro. Recordemos que durante uno de los gobiernos de izquierdas se llegó a defender la necesidad de una reducción sustancial del número de viajeros que nos visitan, aunque esto, tras causar un gran impacto en los mercados, quedó archivado.

Efectivamente, la economía necesita seguridad jurídica. Esto no significa permisividad, sino claridad. Puede y debe de haber áreas de inversión prohibidas, pero todo el mundo las debe conocer. Los límites deben ser claros.

Sin embargo, en Baleares, el propio gobierno conservador de Bauzá (PP), y por supuesto quienes están aún en la oposición pero probablemente accedan al poder en unos meses, han cambiado o prometen cambiar las leyes más o menos a su antojo. Bauzá se levantó una mañana y, cómo si de pronto las arcas públicas se hubieran quedado sin recursos, decidió lanzar una lista de impuestos que provocaron la alarma generalizada en el empresariado. Un grupo alemán que estaba construyendo un centro comercial (Bauhaus) en base a un escenario fiscal se preguntaba cómo iba ahora a cuadrar los números, si ya desde su nacimiento se modificaban las condiciones de operación. En este ambiente variable, este mismo gobierno meses después de aprobar una Ley de Turismo, la ha vuelto a reformar, en la más pura tradición bananera de país en el que se cambian las leyes como quien desayuna. Y eso que es el político que defiende la seguridad jurídica.

Al final, Madrid se encargó de parar el disparate de los impuestos, sin más explicaciones, redondeando una situación de completa inseguridad.

Pero la que hoy es oposición va en el mismo sentido: anuncia que va a reformar la legislación en otro sentido, pero siempre con un grado de incertidumbre muy alto. ¿Qué ocurrirá? Nunca se puede saber con anticipación.

La falta de seguridad jurídica existe,como denuncian algunos, pero es consustancial a un sistema político en el que no hay acuerdo sobre si debemos o no vivir del turismo. Como si el turismo fuera un fenómeno marginal, como si no fuera con gran diferencia la primera fuente de ingresos. Algunos partidos delos que conforman la izquierda defienden un modelo económico de cuento de hadas: agricultura ecológica, la bicicleta como medio de transporte, pocos turistas de mucho poder adquisitivo, recuperación del entorno para el uso local. Con esa idea infantil como trasfondo, van legislando incluso en contra de lo obvio, incapaces de analizar qué tienen delante, mirando únicamente su pequeño rincón.

Por ende, ¿qué seguridad jurídica puede ofrecer un sistema político en el que no existen unos pocos acuerdos en los asuntos más básicos?

Se puede afirmar incluso que las cosas son un poco peor: las posturas de los unos y de los otros vienen definidas en la mayor parte de las ocasiones como rechazo al rival. Basta que la izquierda defienda algo razonable como fue el impuesto ecológico para que la derecha se oponga radicalmente, mientras ocultaba un proyecto similar que había preparado en el pasado; basta que la derecha mantenga algo presentable como la necesidad de mejorarlas comunicaciones terrestres para que la izquierda se oponga. Nada de debate, es una cuestión de principios, basta que uno sostenga algo para que el otro se oponga.

¿Qué entorno jurídico podemos llegara tener en estos casos?

En este sentido, las autonomías no han supuesto una mejora real. En muchos casos, se legisla con nombres y apellidos en la cabeza. Baste ver el espectáculo canario con las cadenas Lopesan y Riu en Gran Canaria, donde se ha actuado con total parcialidad; o la postura de Coalición Canaria sobre las exploraciones de petróleo, definidas como oposición al PP tras años de apoyo a esta otra fuente de ingresos. En Baleares, basta ver la media de los parlamentarios para comprender que su sentido de la responsabilidad a la hora de legislar no puede ser suficiente.

Por lo tanto, incluso en manos de quienes defienden la necesidad de la seguridad jurídica, hoy más que nunca la economía de las regiones turísticas exige de estabilidad, de un modelo compartido, de una continuidad que estamos lejos de ofrecer. Nos salva que la alternativa, el norte de África, Grecia o Turquía son aún menos seguras.